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CRISIS INSTITUCIONAL EN EL CONGRESO: atenta contra la estabilidad del nuevo gobierno

By on 24/08/2018 0 176 Views

 

El Congreso paraguayo viene arrastrando una serie de crisis políticas que desencadenan en crisis sociales desde hace años. El hartazgo del pueblo genera reacciones inmediatas a cada episodio protagonizado tanto en Cámara de Diputados como en la de Senadores. Esto afecta directamente al nuevo gobierno que está intentando comenzar a trabajar y se ve afectado por la inestabilidad de un Congreso que debe estar listo para acompañar la gestión pero que sin embargo se concentra en temas que deberían haber sido cerrados y desechados desde el principio.

Por Liliana Lezcano

Es fundamental dejar de lado los comentarios basados en intereses particulares y concentrarnos única y exclusivamente en lo que dictan las normativas. Las leyes son escritas por una razón: definen, limitan, establecen y guían sobre situaciones de conflictos que deberán resolverse considerando preceptos y principios, siendo el principio de legalidad del derecho público más relevante el que dice que “todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y NO A LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS”.

 

El origen de los conflictos se remonta al año 2008 cuando Nicanor Duarte Frutos buscó ocupar una banca en el Congreso como Senador ACTIVO, siendo que su calidad de ex presidente claramente solo le permitía ser Senador VITALICIO. Su candidatura fue rechazada oportunamente en cumplimiento con el Art. 189 de la Constitución Nacional.

 

Posteriormente, en el 2012 con el juicio político al ex presidente de la república y actual senador Fernando Lugo se da lugar a otro conflicto que salpicó al Congreso Nacional. El sonado caso de campesinos enfrentados a militares en Curuguaty y su falta de respuesta a los clamores por una solución al conflicto terminaron en su destitución. Pero ahí no terminó el problema.

 

Ese mismo año Fernando Lugo integró la lista de Senadores del partido Frente Guasú, generando posiciones divididas tanto entre legisladores, políticos y la ciudadanía. En ese entonces, unos argumentaban que por haber sido destituido a través de un juicio político no estaría habilitado para candidatarse como Senador de la Nación. Sin embargo, otros afirmaban que no existía prohibición legal para hacerlo en base a la misma situación.

 

Entonces, veamos las disposiciones del Código Electoral y de la Constitución Nacional referentes a la candidatura de Fernando Lugo en las internas del año 2012 con miras al periodo 2013-2018:

 

Código Electoral:

El artículo 7 DE LAS NORMAS ELECTORALES dispone que: “Las causales de inhabilidad e incompatibilidad son de interpretación restringida. Todo ciudadano puede elegir y ser elegido, mientras la ley no limite expresamente ese derecho.”

 

El artículo 156 FORMALIZACIÓN DE CANDIDATURAS dispone que: “Las inhabilidades establecidas para las candidaturas a cargos electivos deberán cesar en los plazos y condiciones establecidos en la Constitución o, en su caso, en la ley”.

 

Consecuentemente, con relación a los artículos 7 y 156 del Código Electoral, queda comprobado que  sus disposiciones no imposibilitaban la candidatura de Lugo.

 

Finalmente, con respecto a la Constitución Nacional, el artículo 189 en el que anteriormente se sustentó el rechazo de la candidatura de Nicanor Duarte Frutos como Senador Activo, sirvió de base principal a quienes apoyaron la tesis de la viabilidad de la candidatura de Fernando Lugo a Senador de la Nación, DE LAS SENADURIAS VITALICIAS, el cual dispone que “Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, SALVO QUE HUBIESEN SIDO SOMETIDOS A JUICIO POLÍTICO Y HALLADOS CULPABLES. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto.” El argumento de defensa sostuvo que al NO haber concluido el periodo presidencial, y por ende NO ser senador VITALICIO, se encontraba plenamente habilitado para ser SENADOR ACTIVO. Actualmente Fernando Lugo goza de los privilegios de la senaduría activa y su caso ha quedado atrás y cerrado.

 

Por otra parte, para el periodo 2018-2023, los presidentes electos y no destituidos por juicio político, actualmente ex presidentes y por tanto SENADORES VITALICIOS, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, inscribieron sus candidaturas, participaron del proceso electoral, fueron electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como Senadores de la Nación. Una vez más Duarte Frutos insistió en desempeñarse como senador activo a pesar de lo ocurrido en el 2008 en igual situación. No obstante, esta vez fue posible gracias a que en abril de 2018 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio vía libre a la candidatura al Senado del entonces Presidente de la República Horacio Cartes, rechazando el pedido de inconstitucionalidad de las normas dictadas durante los procesos electorales de impugnación de candidaturas. La CSJ declaró CONSTITUCIONAL las candidaturas no solo de Cartes, sino también del ex presidente Nicanor Duarte Frutos. Esta declaración ignoró lo dispuesto por la Carta Magna en su artículo 189 previamente mencionado y que se aplicaba directa y claramente a la situación de los ciudadanos referidos en su capacidad de ex presidentes, y que a diferencia de Fernando Lugo, únicamente pueden ocupar el cargo de senadores VITALICIOS, con voz pero sin derecho a voto. Basándonos en las disposiciones de este artículo, queda claramente comprobado que los miembros de la Corte Suprema de Justicia ignoraron el hecho de que 10 años antes se planteó la misma situación y fue rechazada conforme a derecho y esta vez fueron ellos los primeros en violar la Constitución Nacional, habilitando irregular e inconstitucionalmente las candidaturas mencionadas y dando argumentos tanto a Duarte Frutos como a Cartes para insistir sobre su juramento para ocupar sus respectivas bancas.

 

El Congreso Nacional, contra todos los pronósticos, no convocó a los nuevos congresistas para el juramento y asunción del cargo, excluyendo a los mismos y reemplazándolos con personas que ni siquiera fueron proclamadas por el TSJE. Mirtha Gusinsky, quien no figuraba en la lista oficial de senadores suplentes, juró en lugar de Nicanor Duarte Frutos. En lugar de Horacio Cartes debió haber jurado Enrique Riera Escudero, primer suplente en la lista proclamada por el TSJE. Sin embargo, fue Rodolfo Friedman quien ocupó la banca en la cámara alta y tampoco figuraba en dicha lista oficial.

 

Se podrá hablar de equilibrio de poderes e independencia, pero lo que actualmente ocurre en el Congreso es un caos institucional que confronta poderes del Estado y nos lleva a esta situación de crisis absurda. La Constitución, las leyes y otros cuerpos legales son ignorados olímpicamente según la conveniencia del momento.

 

Como corolario de todo este conflicto de intereses, el día de ayer, jueves 23 de agosto, se postergó nuevamente el tratamiento del pedido de Horacio Cartes y se dio lugar al desafuero del Senador liberal Enrique Salyn Buzarquis a fin de que el mismo responda a la justicia ordinaria por los cargos que le fueran imputados por supuesta lesión de confianza al Estado durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, durante el gobierno de Federico Franco (2012-2013). Cabe resaltar que Buzarquis solicitó su desafuero, mientras que los demás congresistas de ambas cámaras con deudas pendientes con la justicia se llamaron a silencio y son paralelamente protegidos por sus pares partidarios y de otros partidos políticos en su misma situación. Entre estos se encuentran:

 

Carlos Portillo (PLRA): Imputado por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal

 

Oscar González Daher (ANR): Imputado por tráfico de influencias en el caso de audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)

 

Jorge Oviedo Matto (UNACE): Imputado por tráfico de influencias en el caso de audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)

 

Victor Bogado (ANR): Imputado por estafa al Estado en el caso “niñera de oro”

Paraguayo Cubas Colomés (CN): Imputado por perturbación de la paz pública.

 

Victor Ríos (PLRA): La Contraloría General de la República pudo constatar que en el año 2012 Ríos tenía a su cargo varias cátedras dentro de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), a las que no asistía pero cobraba todos los honorarios correspondientes. Figuraba como investigador y docente en las facultades de Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, en flagrante violación a los artículos 197 y 198 «De las inhabilidades e inhabilidades relativas», de la Constitución Nacional, que prohíbe a los funcionarios ocupar dos cargos a la vez, considerando que fue Diputado Nacional desde el 2008 y Ministro de Educación durante el gobierno de Fernando Lugo, no habiendo presentado renuncia a ninguno de sus cargos.

 

El número de congresistas con reputación repudiable es alarmante. Este desalentador panorama es apenas el inicio de un nuevo periodo congresista que promete más sombras que luces. La crisis institucional del Congreso Nacional es nada más que la demostración de la falta de legitimación de representantes formalmente electos pero que no representan a nadie, producto de listas sábanas que deben ser revisadas. Aún más grave es el hecho de que esta revisión debe pasar por estas mismas personas, por lo que es fundamental que el pueblo acompañe con una voz firme estas conformaciones.

 

Fuentes:Lista de Senadores titulares y suplentes: Página oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral www.tsje.gov.py. Fotos: Páginas oficiales de las Cámaras de Senadores y Diputado. Publicaciones de archivo de ABC, UH y Radio Ñandutí

 

 

 

 

 

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