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Arrom y Martí: Paraguay afirma que no hubo terrorismo de estado, sino que son autores de un delito común disfrazado de persecución política ALEGATOS SERÍAN LA DEFENSA ANTE LA CIDH

By on 03/01/2019 0 253 Views

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en  su presentación  del informe 86/08, petición 04-03, del 30 de octubre de 2008, publica la denuncia de Juan Arrom y Anuncio Martí así como los alegatos por parte del estado paraguayo contra la mencionada denuncia  de supuesta persecución política y tortura sufridas en nuestro país, durante el secuestro de Maria Edith Bordón de Debernardi.  Según fuentes de la fiscalía, Paraguay defenderá su postura en base a esta presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

Entre los puntos principales de la defensa paraguaya, se manifiesta que “el Estado de Paraguay alega que “de ninguna manera nos encontramos ante la práctica de terrorismo de Estado, sino muy por el contrario, se trata de un delito común, de secuestros con fines extorsivos, que pretende disfrazarse de persecución política”.

Añade el  Estado paraguayo dentro de su argumentación, que la situación habría sido “aprovechada por Arrom, Martí y Colmán para dar el marco de perseguidos políticos, cuando en realidad son delincuentes comunes que pretenden la impunidad, sosteniendo que fueron víctimas de terrorismo de estado y persecución política”.

Otro de los puntos que Paraguay expone es que los mencionados hechos de supuesto secuestro, tortura y persecución política denunciados por Arrom y Martí, estarían siendo investigados en jurisdicción interna, bajo las garantías del debido proceso legal, por lo que no se habrían agotado los recursos de la jurisdicción interna.

Igualmente, se argumenta que con la denuncia ante  la CIDH, “se estaría atentando contra el carácter subsidiario de los órganos interamericanos de protección, en vista que estos estaría actuando con funciones de control del proceso, como una cuarta instancia, a través de las comunicaciones y solicitudes de información dirigidas al Gobierno sobre cuestiones de fondo y procesales que están siendo discutidas y substanciadas en la jurisdicción interna, con todas las garantías del debido proceso legal”.                

Menciona el documento, que en julio de 2003 el Estado informa “sobre la apertura del juicio oral y público y sobre la declaración de rebeldía de los prófugos de la justicia los señores Anuncio Martí, Juan Francisco Arrom y Víctor Colmán, en la causa [titulada] De los Santos Zaldívar y Otros s/ Hecho Punible c/ la Libertad de las Personas”. En la misma comunicación el Estado remite copias de las órdenes de captura emitidas en contra de los señores Martí, Arrom y Colmán.                      

Por otra parte, el estado paraguayo menciona que existen una serie de contradicciones en lo mencionado por los denunciantes. “Según el Estado de Paraguay, “no sólo es necesario mencionar la ausencia del elemento probatorio, fundamento de la certeza para una posterior acusación, sino también el grado de falta de verosimilitud en las declaraciones de los hoy peticionarios en base a las constantes contradicciones”

En ese sentido, una de las contradicciones presentadas, ante la CIDH, fue que que existe un parte policial de 19 de enero de 2002 mediante el cual Juan Arrom denunció el extravío de su registro de conducir, lo que sería incongruente con la versión de que habría sido detenido desde el 17 de enero de 2002. El Estado informa también que el día 18 de enero de 2002 el señor Arrom se habría comunicado ocho veces con el señor Víctor Colmán, a pesar de que en dicha fecha el señor Arrom alega haber estado privado ilegítimamente de su libertad.                         

Igualmente, el estado dio curso a la denuncia de desaparición de persona, radicada por los familiares de Juan Arrom y Anuncio Martí, abriéndose una investigación y recibiéndose la querella criminal instaurada por los señores Arrom y Martí, imputando a los miembros de la policía nacional por los delitos de coacción grave, secuestro, amenaza, tentativa de homicidio, desaparición forzosa, lesión grave, lesión grave en ejercicio de funciones públicas, tortura, persecución de inocentes y asociación criminal.

En ese contexto, señala que “del resultado de la investigación surgió que no se han podido acumular pruebas que demuestren la existencia de los delitos querellados. Si bien es cierto, conforme a los diagnósticos médicos, Juan Arrom y Anuncio Martí sufrieron lesiones, no se ha podido demostrar por ningún elemento de prueba, que dichas lesiones sean producto de los delitos que han sido objeto de querellas, ni tampoco se ha podido recoger evidencias que indiquen que los autores de los hechos punibles denunciados sean los querellados”.

Estos son los principales puntos en los que la delegación paraguaya basaría su defensa, existen otros que también figuran en el mencionado informe que se encuentra publicado en la página de la CIDH (https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/Paraguay04-03.sp.htm)

TESTIGOS

Según la página Judiciales.net, existe una lista de testigos que brindarán su declaración vía videoconferencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Washington.

Estos serían los testigos, propuestos por el representante de los denunciantes, en primer lugar, Raúl Marín, ex Defensor del Pueblo Adjunto, quien declarará sobre la información recibida sobre la detención de Juan Arrom y Anuncio Martí. También declarará sobre su participación en el momento del rescate de los mismos el día 30 de enero de 2002.

La lista continúa con Aníbal Emery, quien declarará sobre la cobertura periodística que realizó del rescate de Juan Arrom y Anuncio Martí el 30 de enero de 2002.

Sobre el estado de salud  física y mental, al momento de ser encontrados declarara los profesionales Esperanza Martínez, Carlos Portillo, Mario Torres.

Sobre las condiciones de detención declarará  Víctor Antonio Colman Ortega.

Liza Liana Larriera Rojas, Gloria Elizabeth Blanco y Elena Méndez Vda. de Martí,  declararán sobre la alegada afectación moral y psicológica de la alegada desaparición, secuestro y torturas de Juan Arrom y la supuesta presión política y represiva sufrida durante estos hechos por parte del Estado paraguayo, así como la alegada campaña de persecución que habría realizado el Estado posteriormente.

Finalmente, Paulo Ezequías de Jesús, quien declarará sobre la relación entre el señor Juan Arrom y el cónsul paraguayo en la ciudad de Curitiba, en los años 2009 y 2010.

Luego están los propuestos por el Estado, que son Adolfo René Marín Ferreira, Juan Carlos Duarte Martínez y Edgar Gustavo Sánchez Caballero,  quienes declararán sobre la investigación realizada a los hechos denunciados por las presuntas víctimas.

Foto: diario ABC Color.

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