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Ordenan detención de intendente de Jesús de Tavarangue

By on 29/08/2019 0 685 Views

La Fiscalía imputó por tres hechos punibles y solicitó la prisión preventiva para Hernán Adolar Schlender Benítez, intendente de la ciudad de Jesús de Tavarangue, Departamento de Itapúa. El daño patrimonial sería mayor a G. 7.000 millones.

La imputación contra Hernán Schlender fue presentada por los fiscales Federico Leguizamón y Marcelo Saldívar.

El intendente de la ciudad de Jesús de Tavarangue, Departamento de Itapúa, al igual que al funcionario municipal Senón Cáceres Duarte, fueron imputados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y uso de documentos no auténticos. Solicitaron también prisión preventiva para ambos.

La investigación contra el jefe comunal se inició en marzo de este año después de una denuncia presentada por los representantes de la firma Ferretería Central S.A, ante el Ministerio.

El Ministerio Público investiga un posible daño patrimonial a Jesús de Tavarangue de aproximadamente G. 7.418 millones.

Los responsables de la firma, quienes también presentaron la denuncia ante la Contraloría General de la República, detallaron que el jefe comunal presentó facturas falsas por servicios realizados a la Municipalidad.

Las primeras facturas presentaban siete dígitos, no contenían fecha de emisión y estaban llenadas de manera digital. Otras, aunque estaban hechas a mano y tenían fecha de emisión, presentaban cinco dígitos.

Las auténticas habían sido expedidas por montos muy inferiores a los que pretendía cobrar la Municipalidad.

Otra denuncia por un mismo hecho fue presentada ante la Fiscalía por la estación de servicios SOMA. En este caso también se comprobó que eran las facturas originales emitidas por el Municipio.

La Contraloría también investigó otros documentos firmados por Schlender. Se trata de varias resoluciones de pago y de anticipo, adjudicaciones, contratos, facturas, recibos de dinero, órdenes de pago y notas de invitación para llamados sin identificación de las empresas.

Este conjunto de hechos, que según el órgano rector están repletos de irregularidades, es lo que, justamente, hace sospechar de posible contenido falso.

Algunos documentos que entregó la Municipalidad como facturas de ferreterías, electricistas y casas de venta de materiales de construcción, supuestamente contratadas y adjudicadas por esta institución, era con empresas que no estaban habilitadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación para la realización de obras o construcciones varias.

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