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Paraguay condenado por la muerte de un joven campesino

By on 19/08/2019 0 686 Views

El 14 de agosto pasado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó a Paraguay por su responsabilidad en la muerte de un joven campesino y el envenenamiento de otras 22, entre quienes se encontraban niños y ancianos en la Colonia Yerutí, Departamento de Canindeyú.

La falta de control y sanción a la transgresión de las leyes ambientales y el uso indebido de sustancias prohibidas y la impunidad judicial, convirtieron a nuestro país en el primer Estado condenado por la violación de los derechos humanos con connotaciones medioambientales.

Rubén Portillo era un joven campesino que trabajaba en su chacra de la Colonia Yerutí, Departamento de Canindeyú hasta que en el año 2005, justo frente a su propiedad, iniciaron los cultivos de soja de la empresa brasileña Cóndor. En el año 2010, coemnzaron los problemas. “Primero murieron las gallinas, no sabemos por qué. Comenzaron a enfermarse los chanchos y un tiempo después falleció mi hermano”, cuenta Norma, hermana de Rubén.

Rubén tenía el cuerpo lleno de llagas, su hijo también. En enero, su situación empeoró y fue llevado a un centro de salud donde fue tratado por los vómitos. Como no mejoraba, y dada su debilidad —ya ni siquiera podía mantenerse en pie— sus familiares lo llevaron al hospital, ubicado a más de cuatro horas de recorrido. Falleció en el camino el 6 de enero del 2011, dejando a su pareja, su hijo y su madre, con quiénes vivía.

Hasta la fecha, la causa judicial abierta por la muerte de Rubén Portillo no condenó a ninguno de los imputados, entre quienes sólo se encuentran algunos operadores de tractores y avionetas usadas por las empresas Cóndor, Hermanos Galhera Agrovalle del Sol y Emmerson Shimin, no así los propietarios y responsables de la utilización en cultivos de al menos dos químicos prohibidos hace 20 años en Paraguay: Aldrin y Lindano. En su momento, el entonces Fiscal Jalil Rachid había solicitado el sobreseimiento provisional de todos los acusados.

Es un dictamen histórico por el reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medioambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración”, subraya Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

El dictamen señala que Paraguay “no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales” y concluye que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Por lo tanto, declara “la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio”.

El dictamen de la ONU, exige a Paraguay:

  1. El esclarecimiento y la sanción de los responsables del caso Rubén Portillo.
  2. El resarcimiento integral a las víctimas del envenenamiento y los familiares de Rubén Portillo.
  3. Tomar las medidas necesarias para la no repetición de casos como el de la Colonia Yerutí.

Abel Areco, uno de los abogados que llevó el caso hasta las NNUU, pone acento en la resolución que exige al Estado paraguayo tomar todas las medidas necesarias para evitar el uso indiscriminado de químicos en cultivos lindantes con colonias campesinas.

«En el caso de la Colonia Yerutí, las empresas operaron sin evaluación de impacto ambiental, sin barreras vivas y control de residuos de envases plásticos de agrotóxicos y en violación abierta a varias normativas ambientales y sanitarias» aseveró el abogado.

«Las cosas no han cambiado mucho en la zona, hace pocos días estuve por ahí y la situación persiste, produciendo el éxodo masivo de la población de la colonia por el uso indiscriminado de estas sustancias sin control» explicó Areco.

FUENTES: El País, Ultima Hora, La Diaria y Abel Areco.

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