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Fallo judicial entrega 30mil hectáreas del Estado a empresas offshore

By on 24/02/2020 0 6072 Views

La jueza Tania Irún falló en favor de cuatro empresas “offshore” (cuyos socios se desconocen) con 300 mil hectáreas ubicadas en la frontera entre Paraguay y Brasil. Parte de estas tierras del Chaco, fueron donadas por la Asociación Espíritu Santo al Estado paraguayo que el INDERT, adjudicó a unas 7000 familias chaqueñas.

La sentencia se encuentra controvertida y está en manos de la Cámara de apelaciones, sin embargo llama la atención la inacción de distintas instituciones que debieron intervenir, por verse afectadas tierras públicas y vastos territorios de frontera, protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

La jueza Irún cometió el delito de prevaricato, que ocurre cuando un magistrado resuelve cuestiones fuera de las leyes vigentes. En este caso hablamos de la Ley de Seguridad Fronteriza, que prohíbe la transferencia de tierras a extranjeros y mas aún si son conciudadanos de la frontenra que se esta resguardando“, aseguró el abogado Osvaldo Bittar.

La citada normativa, crea una “zona de seguridad fronteriza en la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional”.

Al mismo tiempo, establece que “salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo, fundada en razones de interés público, como aquellas actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza, los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República, no podrán ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales“.

Lo más relevante para el caso, guarda relación con el artículo tres de la Ley, que establece: “Serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza.”.

Las empresas favorecidas por la resolución de la jueza son CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED Y ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED, constituidas en Paraísos fiscales (dos en Chipre y dos en las Islas Vírgenes Británicas) y sin estar inscriptas en Paraguay.

Es muy llamativo que la jueza no haya tomado en consideración la Ley, que establece claramente un radio de 50 kilómetros desde la fronteras y prohíbe vender tierras a personas física o jurídicas pertenecientes al país fronterizo en cuestión. En este caso no sabemos quienes son los accionistas de las empresas favorecidas, la jueza no lo evaluó, estando obligada a hacerlo, ya que la Ley es muy clara en la obligación de identificar quien compra o es beneficiada por una tierra en zona de seguridad, si es una persona física o jurídica y en que la titularidad de las acciones sean 100% paraguayas“, sentenció en letrado.

Osvaldo Bittar, abogado

Supongamos que las tierras se le da a esta persona jurídica, estas asociaciones no están legalmente constituidas en le país, no están reconocidas en el territorio nacional y esto es sumamente grave, ya que de violar una normativa jurídica, no vamos a poder reclamar, porque no sabemos de donde son, no tienen arraigo. Pueden cometer todo tipo de delitos, y no vamos a poder reclamar“, indicó.

Situación Actual

Mientras se espera que la Fiscalía abra una investigación de oficio, la jueza fue denunciada por uno de los miembros del JEM por prevaricato. Llama la atención que tampoco hayan tomado intervención numerosas instituciones encargadas de precautelar la soberanía territorial y el derecho de las 7000 mil familias de la zona , como el INDERT o la Procuraduría General de la República. La Defensoría del Pueblo, que en su momento tuvo una destacada intervención en conflictos de tierras en el Chaco tampoco se ha pronunciado sobre esta situación.

Respecto al fisco jurídico, será la Cámara de Apelaciones (compuesta por Nery Villalba, Juan Carlos Paredes y Fosatti),  la responsable de revertir el fallo y evitar que empresas fantasmas sean dueñas de gran parte de nuestro Chaco Paraguayo.

Antecedentes Del Caso

Al fallecer, el reverendo y fundador de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo, Sun-Myung Moon, designa como continuador de su obra y nuevo administrador de la Iglesia a su cuarto hijo, lo que genera un conflicto entre este, su madre y su hijo mayor, Preston, quien reclama para sí el legado.

Producto de esta disputa, Preston Moon y otras nueves personas (hoy imputadas por estafa) fraguan una deuda de 15 millones de dólares que se va transfiriendo entre empresas “offshore” hasta que cuatro de estás deciden ejecutarla reclamando 300 mil hectáreas que la Asociación Espíritu Santo posee en Alto Paraguay.

Es llamativo que una Asociación que vive de donaciones y jamás tomó un préstamo, se endeude y encima con empresas “offshore” ajenas a la comunidad.

Las tierras en cuestión están valuadas en 300 millones de dólares mientras que la deuda (fraudulenta) sería de 15 millones, es decir; el valor de la tierra tiene un valor 20 veces superior al de la supuesta deuda.

Derivaciones Judiciales

La situación deriva en dos procesos: uno penal por estafa, impulsado por la Asociación y uno civil, por pago de deuda promovido por cuatro empresas offshore que habrían comprado la supuesta deuda.

La causa civil, en la que interviene la jueza Tania Irún, fue abierta por las Offshore: CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED Y ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED constituidas en Paraísos fiscales (dos en Chipre y dos en las Islas Vírgenes Británicas) y sin estar inscriptas en Paraguay. Reclaman en 2014 ser las cesionarias de un supuesto préstamos concedido a la Asociación.

El reclamo de las cuatro offshore de las que se desconocen los accionistas y verdaderos intereses, llegó en 2019 al juzgado de la Dra. Tania Irún, quien resolvió el caso como se relató anteriormente.

Actualmente, la actuación de la jueza Irún está siendo revisada por el JEM y su sentencia revisada por la Cámara de Apelaciones.

Causa Penal Abierta Por La Asociación Por Estafa Contra Preston Moon Y Otras Nueves Personas

Según la fiscalía, el 11 de noviembre de 2008, Preston Moon y los demás imputados indujeron a los miembros de la Iglesia de la Unificación a transferir sus inmuebles ubicados en el Chaco, a nombre de firmas que tienen sus sedes en Uruguay. Fue supuestamente en dación de pago de un presunto crédito de US$ 15 millones, para la adquisición de tierras en el Chaco.

Los imputados fueron planteando incidentes que han impedido realizar la correspondiente audiencia especulando con un fallo favorable en la causa civil impulsada por las offshore en reclamo de la supuesta y en la que actúa la jueza Tania Irún.

Los acusados son Hyun Jin Moon, más conocido como Preston Moon, Gerónimo Amarilla Maciel, John Andrew Mowris, Marciano Lorenzo Pesoa, Thomas Rutherford Field, Jesús González Losada, Richard Perea, Shin Donggwan, Lee Hyun Min y Kiantar Betancourt.

El proceso fue abierto luego de que se detectara un supuesto desfalco de 15 millones de dólares, mediante el pago de un préstamo que no se recibió, del intento de despojo de alrededor de 26 inmuebles de la congregación que los entonces miembros de la cúpula religiosa hicieron creer que supuestamente estaban en peligro de ser expropiados.

Con chicanas e incidentes, los imputados lograron suspender la audiencia fijada para el 9 de diciembre de 2019. Preston Moon sus socios, plantearon varias reposiciones contra la fijación de la preliminar, cuestión que fue rechazada por la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz, pero debido a que fue con apelación en subsidio el caso fue remitido a la Cámara de Apelaciones que debe decidir si se realiza o no la Audiencia que definirá si los sospechados van a o no a juicio oral.

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