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“Se está forzando a las familias a salir a las calles a buscar subsistencia”

By on 13/04/2020 0 1566 Views

La abogada especialista en derechos humanos Milena Pereira Fukuoka advirtió de consecuencias que podría traer la ausencia de políticas de asistencia a las comunidades más vulnerables.

Las crecientes protestas y acciones judiciales que exigen una asistencia alimentaria más real y fuerte del Estado a las comunidades más vulnerables, afectadas por las medidas contra la pandemia por el coronavirus (Covid-19), son señales que deben ser tomadas en serio por parte del Gobierno, de manera a corregir rumbos y evitar poner en peligro a las personas, señala la abogada Milena Pereira Fukuoka, especialista en derechos humanos.

La profesional forma parte de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, que apoya a cuatro comunidades del Departamento Central (Itauguá, Limpio, Luque y Ñemby), que presentaron un amparo colectivo que busca incidir en las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno en materia de asistencia alimentaria, de manera que llegue con más rapidez y a más personas.

Es una acción de amparo colectivo porque se trata de más de 1.800 familias que están siendo vulneradas en su derecho humano a la alimentación adecuada y en su contenido mínimo que es estar protegidas contra el hambre, por la misma omisión por parte del Gobierno”, dijo.

Explicó que lo que pide es la protección alimentaria de las familias y que el Poder Judicial exija a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) el cumplimiento de las prestaciones alimentarias que corresponden.

Se trata de familias de escasos recursos que hace más de tres semanas no pueden salir a trabajar y cada vez están en una peor situación socioeconómica y alimentaria, teniendo que organizar ollas populares para poder alimentar a cientos de niños y personas mayores”, manifestó.

Urge cambio de ritmo en la SEN

Explicó que la acción va más allá de las 1.800 familias que forman parte de las comunidades señaladas, sino que busca que la SEN agilice su capacidad de gestión de manera a llegar a la gente.

La SEN no puede seguir sosteniendo esta forma de gestión e ir a este ritmo; necesariamente, para dar respuestas, va a tener que modificar sus mecanismos de manera a hacer llegar los kits y las transferencias de manera rápida, ya sea articulando con las municipalidades, como se había planteado en un principio, y con las organizaciones comunitarias que están en los territorios”, indicó.

No hay datos disponibles

La abogada indicó que uno de los problemas principales de las instituciones públicas para realizar este tipo de asistencia es el excesivo centralismo y la deficiencia histórica que tiene el país en cuanto a sistema de protección social.

Si uno mira cómo se dieron respuestas sociales en otros países, se ven las redes de trabajos históricos de los ministerios de desarrollo social… que logran saber cómo son las comunidades y cómo hacer llegar estas prestaciones en caso de urgencia. En Paraguay eso no existe, hay una base de datos de Tekoporã, Adultos Mayores y el programa Abrazo, pero hay todo un sector enorme de personas y familias que forman parte de la economía popular, que han buscado subsistir y generando diversas formas de trabajo, y no han sido atendidas ni contempladas por el Estado, así como tampoco las organizaciones territoriales de base, que nunca tuvieron apoyo de nadie”, expresó.

También habló de la falta de articulación de los gobiernos departamentales y municipales en la política social alimentaria, la que consideró algo fundamental, y en este sentido la compra de alimentos a comunidades campesinas e indígenas.

Parecería que hoy, la Secretaría de Emergencia Nacional y el sistema social del Gobierno no tiene una base de información actualizada para saber a quién tiene que hacer llegar esas prestaciones, y esa es una omisión que el Estado no puede cargarle a la gente que está padeciendo esa deficiencia”, subrayó.

Peligrosas consecuencias

Respecto a los peligros de que la situación se agudice en el país en torno a la pandemia y la cuarentena, y la falta de asistencia alimentaria a las poblaciones más vulnerables, advirtió que las personas saldrán a exponerse a ser contagiadas por el simple hecho de que no tienen para comer.

Si el Estado no empieza a hacer llegar esas prestaciones alimentarias en especie y transferencias monetarias, se está forzando a las familias a salir a las calles a protestar o a buscar subsistencia, como lo han hecho siempre, vendiendo o recolectando cosas, y eso implica que se pongan en riesgo y aumente el riesgo social”, dijo.

Recordó que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento donde insta a los Estados a no criminalizar a las personas, mucho menos en los casos de reclamo de derechos.

De todas maneras hay que evitar esas manifestaciones, nadie quiere salir de sus casas a exponer su vida ni la de su familia y comunidad. Es serio que hayan manifestaciones en las calles, y por eso este amparo colectivo, que es una última vía institucional de las comunidades para acudir al Estado, pidiendo protección y amparo a sus derechos, antes de tener que salir a las calles a buscar un medio de vida o protestar, por eso es importante el rol de la Justicia y que la SEN cambie su modo de gestión”, expresó.

Números


51.000 personas ya recibieron el desembolso de G. 500.000 a través del programa Ñangareko, según el Gobierno.

166.000 personas fueron notificadas de su inclusión en el proyecto y deben responder para continuar con el proceso.

330.000 es el número de beneficiarios del programa al que el Gobierno espera alcanzar para el próximo 20 de abril.

FUENTE: UH / Plataforma de DDHH / Asentamientos “Patria Nueva” / Olla Popular Bañado Sur

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